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30 mil: ¿Por qué se duda del número de desaparecidos en Argentina?

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Nicolas Solo/Indymedia

Silueta colocada en la ESMA en memoria de los desparecidos

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Entre todos los países que padecieron las dictaduras militares enmarcadas dentro del Plan Cóndor -orquestado por Estados Unidos-, Argentina es uno de los pocos que ha juzgado a los militares responsables de asesinatos, secuestros, torturas y robos; proceso que se inició con los juicios a las Juntas Militares entre 1984 y 1985, con la apertura democrática.

Y si bien los militares habían sido absueltos en 1990 por el gobierno de Carlos Menem, a través de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, luego, durante los doce años de kirchnerismo, 2625 personas fueron acusadas de crímenes de lesa humanidad, de las cuales casi 600 ya fueron condenadas, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argentino.  

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Getty images

Cristina Fernández de Kirchner

30 mil

Pero hay un capítulo de la última dictadura que está lejos de cerrarse. A 32 años de la vuelta de la democracia, la cifra de desaparecidos durante la dictacura, o cómo los militares lo denominaron "el Proceso de Reorganización Nacional", es -probablemente- la más cuestionada en la actualidad. Más que la inflación, más que el número de desempleados o que el índice de pobreza.  

El propio presidente argentino, Mauricio Macri, durante una entrevista al sitio BuzzFeed, no supo qué responder cuando le preguntaron sobre el tema. “No tengo idea”, dijo. Y se mostró ajeno: “Es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9 mil o 30 mil, si son los que están anotados en un muro [en referencia al Parque de la Memoria] o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido”

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AFP/Getty Images

Jorge Rafael Videla; presidente de la primera Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)

Los treinta mil desaparecidos es una estimación basada en distintos hechos, tal como planteó en 2009 Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos. Entre otros, destacó los centros clandestinos de detención, que llegaron a superar los 500; los Habeas Corpus presentados desde 1976 a 1983; informes de la la Embajada de EE.UU, que en 1978 hicieron constatar que los mandos militares informaron a la DINA chilena más 22 mil víctimas, solo hasta ese año.  

Organizaciones de DD.HH como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo -que desde finales de los años 70 reclaman por la aparición con vida de sus hijos y nietos, respectivamente-, fueron las primeras que hicieron referencia a este número, en 1983.

Nunca Más

Distinta fue la versión de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que asesoró a Raúl Alfonsín en el encarecimiento de las víctimas del terrorismo de Estado, y cuya investigación final de 1984 fue plasmada en el informe Nunca Más. Según este, 8961 personas fueron denunciadas como desparecidas.

La ex integrante de la CONADEP, Graciela Fernández Mejide, cuestionó de la siguiente manera la cifra divulgada por las organizaciones de DD.HH.: “¿Qué pasó en esta sociedad que hay 20 mil personas que desaparecen y no hay una familia, un amigo o un compañero que denuncie?”, dijo en diálogo con el sitio Infobae.   

Sea cual fuere el número, es algo difícil de constatar, principipalmente porque los militares, meses antes de entregar el poder, eliminaron y robaron cientos de miles de documentos que registraban sus actividades. Durante las instancias judiciales impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, hicieron un pacto de silencio que perdura hasta hoy. Además, el hecho obvio: la palabra desparecido significa que no están, hay incertidumbre, ya que miles de los cuerpos de los detenidos ejecutados fueron incinerados en fosas comunes o quemados con cal.

Disposición Final

En Argentina, la desaparición de personas fue una herramienta utilizada principalmente por la Primera Junta Militar (1976-1981, presidida por Jorge Rafael Videla), para derrotar a quienes ellos llamaban subversivos; específicamente miembros de organizaciones guerrilleras, sindicalistas, militantes de partidos de izquierda y estudiantes. También fue permanente el robo sistemático de bebés, hijos de guerrilleros.

En el libro Disposición Final -un concepto militar que significa sacar de servicio una cosa inservible-, del periodista Ceferino Reatoes, Jorge Rafael Videla confesó las razones de esta cruel modalidad. “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que en la sociedad pasara desapercibido”.