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Las nuevas políticas de Trump podrían aumentar la deportación en plena pandemia

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Vybi/Shutterstock

Estados Unidos continúa librando una ferviente batalla para que los casos de coronavirus (COVID-19) disminuyan en el territorio.

Siendo el país más afectado con más de un millón doscientos mil contagios, las medidas para contrarrestarlo (y además balancear la economía) se modifican con regularidad.

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Chris McGrath/gettyimages

El presidente Donald Trump asegura con frecuencia que las personas quieren que el país sea abierto, y esto se hará de una manera segura: tomando distanciamiento social, priorizando el lavado de manos y protegiendo a los ciudadanos americanos:

La economía volverá muy fuerte, más espectacular que China. Nadie se encuentra cerca y tendremos un increíble próximo año.

Esto no representa una buena noticia para todos. De acuerdo a información exclusiva de Reuters, el gobierno norteamericano está considerando implementar una política para facilitar la deportación de residentes legales permanentes en el territorio.

Con esto se pretende restringir la inmigración de personas de bajos ingresos, así como negarles la mayor parte de los beneficios básicos gubernamentales.

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Drew Angerer/Getty Images

Las personas que se encuentran en la mira son los residentes legales, quienes son declarados como “una carga pública” dentro de los cinco años posteriores a su admisión. Muchos de ellos viven en pobreza, subsisten gracias a la ayuda del gobierno, pero de aprobarse la nueva medida de activación económica que planea Trump, podrían ser deportados con mucha facilidad.

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Este plan podría llegar a ser oficial si los políticos se encuentran decididos a disminuir la inmigración ilegal, aunque con ello acarrearían cientos de discrepancias sociales con los migrantes ya establecidos de manera oficial.

Las personas que se verían afectadas en primera instancia son aquellas que cuentan con las famosas Green Cards, con las cuales son reconocidas como residentes legales con derecho a beneficios públicos.

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Los casos de personas que fueron deportadas por el uso de dichos beneficios existen, pero son extremadamente raros: sólo sucede en el caso que el gobierno haya exigido un pago por los servicios públicos, y la persona en cuestión no pagara el monto.

Para la aprobación de la nueva medida se necesita que se encuentre sujeta a revisión y firmada, lo cual conlleva un periodo largo.

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Joe Raedle/Getty Images

El gobierno comienza a considerar medidas públicas más severas para evitar la inmigración. Aunque el tema principal ahora es el coronavirus, quizás en un futuro vuelvan a la mesa de debate las cuestionables medidas que fomentan la xenofobia y la violencia hacia los más vulnerables.

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