7 tuits para entender el debate por la legalización del aborto en Argentina (y en el mundo)

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Las calles de Argentina se cubrieron de pañuelos verdes y azules en 2018. En ese año, la Cámara de Diputados del país votó a favor de la ley que despenaliza el aborto. Pero cuando la propuesta llegó al Senado, esta fue rechazada. El color verde representó a quienes estaban a favor de la interrupción del embarazo; el azul, a quienes lo reniegan y se autodenominan como pro-vida.

El 28 de mayo de 2019 la marea verde resurgió, aunque en realidad nunca se desapareció. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se lleva a cabo un pañuelazo: un movimiento en tierras argentinas e internacionales en donde se busca promover y aprobar el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ya no se busca sólo evitar que quienes se sometan a uno sean castigas, sino legalizarlo, regularlo y abogar por la educación sexual para evitar embarazos no deseados.

De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, casi la mitad de abortos realizados en el mundo no se realizan de forma segura. El 97 % de ellos ocurren en África, Latinoamérica y el Sureste Asiático. Las consecuencias son trágicas: una mujer o niña muere cada 25 minutos por ello. Por eso la organización establece que un aborto seguro debe ser considerado como una necesidad médica.

Las estadísticas demuestran que prohibir el aborto no reduce su incidencia, pero lo que sí ocasiona es un aumento en la cantidad de féminas que mueren por practicarlo sin regulaciones del sistema de salud. Lo que sí disminuye la cantidad de abortos y embarazos no planeados es la educación sexual y el acceso a anticonceptivos. Para todas esas cuestiones, el nuevo proyecto de ley en Argentina tiene una propuesta.

El primer artículo del proyecto señala: «En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional».

Esto, junto con el resto de la ley, defiende que abortar es un derecho que toda mujer debe ejercer si el embarazo fue producto de una violación o si atenta contra su salud. No sólo en un sentido físico, sino también mental y social.

También se establece que debe ser llevado a cabo por un profesional y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La paciente merece conocer todas las opciones, consecuencias y riesgos de la terminación del embarazo.

La legislación pide que se castigue sólo a quienes practican un aborto sin el consentimiento de la persona gestante, así como a quienes se nieguen a realizarlo en casos legalmente autorizados. A su vez, se exige al gobierno la impartición de educación sexual integral en las escuelas, basada en contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género.

El objetivo del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene el objetivo, a grandes rasgos, de defender la autonomía de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sus futuros.

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