El caso de la niña argentina de 11 años que llegó a la ONU: no hagamos la vista a un lado

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) le exige al Estado argentino que cumpla con la normativa vigente respecto a la interrupción legal del embarazo, tras un caso que causó repudio y enfureció a gran parte de la sociedad, cuando se le denegó el derecho a abortar a una niña que había sido violada.

Lo que ocurrió: el caso de Lucía

Una niña de 11 años llamada Lucía quedó embarazada cuando fue abusada sexualmente por la pareja de su abuela en la provincia argentina de Tucumán.

Cuando se encontraba atravesando la semana 16 de gestación, pidió junto a su madre que le realizaran un aborto. «Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo», dijo Lucía.

Sin embargo, a pesar de que todas las causales contempladas en el artículo 86 del Código Penal estaban dadas para que se realice la intervención (desde el año 1921 el aborto es legal en Argentina cuando el embarazo es producto de una violación), en la medianoche del 26 de febrero cuando la niña se encontraba cursando la semana 23 de embarazo, fue sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón por peligrar su vida debido a la dilatación del proceso de interrumpir su embarazo.

Ahora tendrán que dar explicaciones

La vulneración de derechos que recibió Lucía en el sistema de salud público de Tucumán, llegó a organismos internacionales: la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo de acuerdo con la normativa vigente.

«La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos», señaló la Representante del ACNUDH para América del Sur, Birgit Gerstenberg.

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El caso también fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Procedimientos Especiales en Contra de la Discriminación por la Aplicación de la Ley de la ONU, por la organización Cladem.

Además, la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, el secretario del área y Gustavo Vigliocco fueron denunciados en la Justicia por el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público».

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La denuncia también incluye a Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón y a la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, cuyo plantel se declaró objetor de conciencia y se negó a participar de la intervención en el mismo momento en que se estaba por concretar.

Aguardemos que la intervención de organismos internacionales ayude a que casos como estos, no sucedan nunca más.

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